El Gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado Blandón, el Consejo Directivo de la Fundación Universidad del Valle, en cabeza del Rector del Alma Mater, Iván Enrique  Ramos y el Director ejecutivo de la  entidad, Gustavo Rivera Marmolejo, exaltarán a los Universitarios que alcanzaron las mejores notas y su rendimiento  académico.

El acto se realizará en el Salón de los Gobernadores del Palacio de San Francisco este Martes 10 de Diciembre a las 3 de la tarde.  

1. Historia de los degenerados en la época republicana

Conferencia a cargo de Juan Carlos Alegría M. Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad del Valle y Manuel Fernando Arce B. Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad del Valle

FECHA Y HORA: MARTES 10 DE DICIEMBRE 5:00 P.M.

Esas premisas son en esencia dos. La primera, es que todos los hombres son iguales y tienen los mismos derechos, en particular el derecho a decidir sobre el destino de su comunidad. A nuestros antepasados neogranadinos de hace trescientos años esto les habría parecido una locura inaudita: el gobierno provenía de Dios y lo ejercían personas escogidas por Dios, a través de la sucesión de los reyes, y ungidas por la iglesia. ¿Como pensar que el esclavo o el indio o el campesino pobre y analfabeta pudiera tener iguales derechos que los aristócratas? La segunda, es que para que los ciudadanos iguales puedan participar en forma adecuada en la política, para que puedan decidir con bases razonables sobre los temas cívicos, puedan escoger a sus gobernantes, deben poder debatir y discutir en forma libre y con base en una información disponible para todos sin restricciones irracionales. De este modo, las libertades que requiere la sociedad para poder funcionar como una democracia se centran en el derecho de los individuos a expresar sus opiniones libremente, en forma oral y por escrito. La libertad de expresión y la libertad de imprenta o prensa, junto con el derecho correlativo de los ciudadanos a recibir información, son, por esta razón elemental, condiciones básicos y constitutivos del orden democrático. Otros derechos esenciales, como el de participar en la vida política, organizar partidos o movimientos, suponen para su ejercicio la libertad de expresión y la libertad de prensa

Esto, en apariencia tan obvio, no siempre se ha visto así. Las sociedades no democráticas partieron de la idea religiosa de que existía un bien común objetivo, y que era obligación de los gobernantes, ilustrados y hasta inspirados por Dios, actuar para promover y defender ese orden. El bien de la comunidad, en esta concepción, es superior, anterior e independiente del bien de cada individuo, y los intereses de éstos, en la medida en que entran en conflicto con ese bien común, deben someterse al interés general, definido por las autoridades, religiosas o políticas. Por el contrario las sociedades democráticas modernas suponen que los individuos y grupos tienen intereses contrapuestos legítimos, opiniones divergentes, puntos de vista contradictorios, y que por ello son la discusión y el debate abierto los que deben llevar a definir una aproximación, problemática, provisional e imperfecta, al interés general, como resultado de la expresión de las posiciones de todos. El bien de la sociedad es el resultado de la composición de fuerzas entre múltiples intereses particulares, es una transacción entre posiciones encontradas y muchas veces contradictorias. Pese a esto, durante los primeros dos siglos de funcionamiento de la democracia, desde que en 1776 los norteamericanos crearon la primera democracia moderna o desde que la revolución francesa de 1789 se convirtió en el punto de partida de la expansión de la democracia en Europa, las dos visiones del orden social han coexistido, y muchos creen que la libre expresión de los intereses y puntos de vista de individuos y grupos es dañina y peligrosa, y que los ciudadanos tienen que someterse a los intereses colectivos definidos por quienes ejerzan el poder, político, judicial o espiritual. De este modo, la expresión de las convicciones individuales y la defensa de los intereses propios se ve como algo que contradice el bienestar general, y como algo peligroso, pues se mira con sospecha el que los individuos busquen su beneficio privado. Por ello, las restricciones a la libertad de expresión, en particular las legales, se hacen normalmente a nombre del bienestar de la sociedad.

La tendencia a restringir legalmente la libertad de prensa, muy débil en la historia norteamericana, en la cual la regla constitucional básica, la primera enmienda, prohíbe al Congreso hacer leyes que autoricen cualquier forma de censura, ha sido más fuerte en Colombia, y ha reaparecido bajo formas diversas una y otra vez, aunque en general, y en especial en los últimos 50 años, no ha logrado un impacto significativo. Por ello, las limitaciones y restricciones a la libertad de expresión que aparecen en estos años recientes provienen menos del Estado que de la sociedad civil, de grupos políticos o sociales o personas privadas que presionan, intimidan o violentan a los periodistas.